Mayor foco en la eficiencia del gasto público

El Gobierno impulsó una reforma tributaria -ahora llamada “pacto fiscal”, luego del rechazo del primer proyecto en la Cámara de Diputados- con foco en un aumento en la recaudación como vía preferente de generar recursos fiscales frescos para financiar una serie de nuevas iniciativas desde el Ejecutivo. Sólo en un segundo nivel ha planteado la necesidad de mejoras en la eficiencia del aparato público, en concreto a través de un instructivo gubernamental enviado en mayo pasado por el Ministerio de Hacienda a las distintas carteras con nuevas directrices para evaluar y financiar los programas del Estado.

La búsqueda de espacios de eficiencia en el Estado es tan necesaria como urgente, para asegurar que cada peso de gasto fiscal cumpla su finalidad.

La discusión sobre la búsqueda de espacios de eficiencia en el Estado es tan necesaria como urgente. Por un lado, hay evidencia de pobres resultados en numerosos programas; por otro, no toda necesidad de ingresos puede financiarse con nuevos o mayores impuestos, cuyo impacto en la generación de empleo, la inversión y con ello el crecimiento económico está muy estudiado. Justamente, el crecimiento ha sido el gran ausente en la discusión tributaria, pese a ser el principal motor de progreso de los hogares, además de la más confiable fuente de ingresos para el Estado.

El sistema de evaluación de los programas públicos no debe tener necesariamente un sentido “punitivo” -donde la mala evaluación sea sinónimo de cierre inmediato de un programa-, sino que apuntar a asegurar que cada peso de gasto fiscal cumpla su finalidad. Los avances realizados en la institucionalidad de evaluación en los últimos años permiten hoy tener una mirada integral de los 700 programas sociales y no sociales. Ella debiese orientar la formulación presupuestaria para, por ejemplo, buscar espacios de eficiencia mediante la sinergia de iniciativas que buscan el mismo objetivo en distintas reparticiones públicas.

Así, una fuente importante de recursos vía eficiencia es mirar cómo ciertos grupos de programas, incluso ubicados en distintos ministerios, alcanzan o no determinados objetivos deseables desde el punto de vista de la política pública, y con ello tomar decisiones de racionalización del gasto público. Las nuevas atribuciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad podrían contribuir a avanzar en esta línea.